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La iniciativa fue presentada esta semana por el Presidente de la República, Sebastián Piñera.
El intendente subrogante y seremi de Justicia de Arica y Parinacota, abogado Raúl Gil González, valoró el proyecto de ley que crea el nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y la Defensoría de Víctimas de Delitos, presentado el domingo por el Presidente de la República, Sebastián Piñera, junto a los ministros del Interior, Rodrigo Delgado, y de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín.
La iniciativa legal busca crear una nueva institucionalidad para el fortalecimiento del derecho de acceso a la justicia de las personas, mediante la implementación de diferentes líneas de acción, con el objetivo de establecer un servicio eficiente, cercano e integral para las personas.
El jefe regional dijo que este proyecto de ley “permite garantizar y fortalecer el acceso a la justicia para todas las personas, sin distinción, que es un compromiso de la Agenda Social del Gobierno”.
Además, indicó que la iniciativa “eleva los estándares de los procesos judiciales en Chile” y “entrega los habitantes de Arica y Parinacota, especialmente a los más vulnerables, nuevas garantías para un trato más equitativo, profesional y ajustado a derecho, otorgando asesoría, defensa, representación jurídica y, en definitiva, acercando la justicia a las personas, que es una de las grandes lecciones que nos dejó el año 2020”.
CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO DE LEY
1. Crea un nuevo servicio que reúne, coordina y sistematiza la oferta pública en materia de defensa jurídica a la ciudadanía. Es decir, propone la integración de las cuatro corporaciones de asistencia judicial en un único servicio, lo que permitirá un fortalecimiento de la institucionalidad, con foco en la defensa de víctimas de delitos, personas vulnerables y derechos humanos.
2. Establece cuatro líneas de acción:
Línea general: Comprende la oferta programática que actualmente tienen las corporaciones de asistencia judicial, en materia civil, laboral y de familia, entre otros.
Defensoría de Víctimas de Delitos: Entrega asesoría, defensa y representación jurídica a las personas naturales que han sido víctimas de delito. Además, les otorga apoyo psicológico y social.
Línea de Derechos Humanos: Asesora y representa a personas cuyos DDHH han sido vulnerados o se encuentran en amenaza de vulneración, tanto en sede administrativa como judicial (ejercicio de acciones constitucionales).
Línea Especializada: Considera toda la oferta programática diseñada para abordar las necesidades y problemáticas que afectan a la población en situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, Programa Mi Abogado en niños, niñas y adolescentes, y Defensa Integral de Adulto Mayor.
3. Crea la Defensoría de Víctimas de Delitos, con el fin de promover la defensa de sus derechos, realizar su representación jurídica y brindarles apoyo psicológico y social.
4. Crea un Consejo Nacional de Acceso a la Justicia que, a través de políticas públicas, aborda los desafíos del sector a mediano y largo plazo. Estará integrado por autoridades, representantes del mundo académico y sociedad civil. Además, establece un Plan Nacional de Acceso a la Justicia de cinco años para avanzar en las acciones, medidas y programas propuestos por el consejo nacional.