En una sesión extraordinaria que se extendió por más de cuatro horas, el Consejo Regional de Arica y Parinacota, presidido por el gobernador Diego Paco, aprobó la iniciativa denominada "Saneamiento Programa Demolición Cerro Chuño Etapa I".

Con una votación de nueve votos a favor, cuatro en contra y dos abstenciones, se dio luz verde para que el Gobierno Regional destine 3.292 millones de pesos, provenientes del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, para financiar el inicio de la erradicación de este sector crítico.

La decisión busca concretar la primera fase del plan liderado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el cual permitirá la demolición de estructuras, la apertura y operación de un depósito en la Quebrada Encantada para el aislamiento de materiales contaminados con polimetales y el traslado seguro de residuos. Este paso es fundamental para abordar una problemática que ha afectado a la región durante más de tres décadas.

El Gobernador Regional, Diego Paco, enfatizó la importancia de esta determinación para la seguridad y el futuro de la zona. “Este proyecto busca acelerar la demolición de Cerro Chuño porque entendemos que la seguridad de nuestra región no puede seguir esperando. Hoy existen restricciones presupuestarias a nivel nacional, todos lo sabemos, y teníamos dos opciones: quedarnos de brazos cruzados o buscar soluciones. Nosotros elegimos actuar”.

En esta primera fase, la planificación contempla la demolición de las fundaciones de viviendas en cinco manzanas de Cerro Chuño, sumando un total de 220 moradas intervenidas. El plan completo considera cuatro etapas por un costo total de 10.000 millones de pesos, siendo el Ejecutivo el responsable de destinar los recursos restantes, a través de fondos sectoriales.

Diego Paco subrayó que la asignación de estos recursos es la respuesta directa a una demanda histórica de la comunidad ariqueña, cuyo clamor por la erradicación del Cerro Chuño ha sido una constante durante décadas.

Ante este paso decisivo, el Gobernador expresó que la región asumirá un rol vigilante y exigente frente al Gobierno central, asegurando que la ejecución del plan se realice de manera íntegra, sin dilaciones y cumpliendo estrictamente con los compromisos adquiridos de principio a fin.

“Al Gobierno de Chile quiero decirle que Arica y Parinacota ya ha hecho su parte. Hoy cumplimos por nuestra gente. Ahora es su turno de mover todo el aparataje del Estado para entregar la justicia que nuestra región demanda desde hace más de 30 años. Vamos a vigilar y exigir cuando corresponda, porque las promesas que se han hecho en esta mesa deben cumplirse”, manifestó.

La máxima autoridad regional concluyó que “con esta aprobación, empezamos a cerrar una herida por la que Arica ha sangrado demasiado. Y vamos a seguir avanzando hasta recuperar completamente una región que merece vivir en paz y libertad, crecer con seguridad y volver a ser reconocida por su belleza, su historia y su enorme futuro”.

Población extranjera

Por su parte, el delegado presidencial, Cristian Sayes, destacó que el proceso cuenta con el acompañamiento de instituciones como el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la Defensoría de la Niñez y la Contraloría, con el fin de garantizar una gestión correcta y libre de errores.

“Cada una de estas instituciones van a ir orientándonos a no cometer errores para que esto sea una buena gestión. Porque no solo estamos haciendo esto por un compromiso o por el grito de la ciudadanía, sino también estamos salvando la vida de las personas que actualmente están viviendo allí, personas que están irregular, que se han tomado las casas, pero también pensamos en su salud”

Además, informó que son 700 las personas aproximadas que serán desalojadas en esta primera fase, de las cuales el 74 por ciento son extranjeros. “De los chilenos, hay ocho personas que tienen subsidio, que tienen su casa propia y que la están arrendando mientras viven en Cerro Chuño. Hay otras 12 familias que ya se adjudicaron su beneficio social y están a la espera de adquirir su casa. Hay personas que efectivamente tenemos que desalojar y que no merecen ningún beneficio”, sentenció.

La Delegación Presidencial confirmó que, tras la obtención de los recursos, el Ejecutivo procederá a la ejecución inmediata del plan de erradicación, proceso que contempla la expulsión administrativa de 141 ciudadanos extranjeros en esta fase inicial. Esta acción constituye una respuesta directa al clamor de la región, atendiendo una demanda histórica que Arica y Parinacota ha levantado por más de tres décadas en busca de seguridad y justicia territorial.