El encuentro multisectorial busca frenar la accidentabilidad en la vía, aumentar la fiscalización y detener el grave daño medioambiental causado por el derrame de sustancias tóxicas en el Parque Nacional Lauca.
Con el objetivo de establecer estrategias urgentes para mejorar las condiciones de la vía y ampliar el radio de fiscalización, el Gobierno Regional de Arica y Parinacota y la delegación presidencial de Parinacota lideraron la primera Mesa de Trabajo de Seguridad Vial para la Ruta 11-CH. La iniciativa nace a propósito del preocupante aumento de accidentes de tránsito ocurridos en este trayecto internacional, protagonizados principalmente por camiones de alto tonelaje.
La urgencia de esta mesa de trabajo está respaldada por cifras alarmantes registradas durante este año: 13 accidentes de tránsito, de los cuales 11 involucran a camiones extranjeros y dos a nacionales, 4 siniestros han provocado derrames de sustancias tóxicas, 2 volcamientos recientes en las últimas semanas (uno de ellos con insecticida y otro con láminas de vidrio) y 11.900 controles de tránsito realizados a la fecha por las autoridades, con más de 9.000 de ellos aplicados a camiones extranjeros.
Las autoridades concluyeron que los accidentes responden a un problema multifactorial, donde destacan el exceso de alcohol, el estado de la carretera y, de manera transversal, el error humano. Esta situación ha generado un daño crítico al medioambiente, afectando directamente a bofedales y vertientes dentro del Parque Nacional Lauca.
Al respecto, el gobernador regional, Diego Paco, destacó la relevancia de la instancia. "Tuvimos una reunión de trabajo operativa, importantísima, con distintas instituciones públicas que tienen facultades y atribuciones en la ruta 11-CH. Nuestros objetivos, primero, es reducir la accidentabilidad. Lo segundo es resguardar el medio ambiente de los parques nacionales. Lo tercero es tener conciencia de tener que trabajar, operar y transitar por una ruta internacional con todas las medidas de seguridad posibles".
La máxima autoridad regional agregó que "en Arica y Parinacota entendemos la importancia que tienen las exportaciones e importaciones a través del puerto. Pero hay que trabajar para poder mitigar aquellas externalidades negativas que hoy están pasando y son una molestia de la comunidad".
Por su parte, el delegado presidencial de Parinacota, Sebastián Huerta, “estamos viviendo una situación compleja en Parinacota, es por eso que junto al gobernador convocamos esta mesa en donde estuvieran los distintos actores. En lo que va de año van cerca de 13 volcamientos, 11 de ellos son personas bolivianas y el restante de Chile. Acá lo importante y urgente es cómo, institucioanlemte, trabajamos en conjunto y abordamos este tema, porque el impacto no es solamente a nivel de lo que pueda causar en la ruta, sino que muchas veces en la vida del camionero y también en nuestras tierras como lo que ocurrió en el lago Chungará.”
Preocupación ciudadana y medioambiental
Durante la mesa, el consejero regional Carlos Ojeda, presidente de la comisión de Medioambiente, expuso la grave preocupación de las comunidades locales. Señaló que la Unión Comunal de Juntas de Vecinos del Valle de Lluta viene planteando desde el año pasado que resulta imposible permitir que continúen transitando camiones con carga peligrosa y alto tonelaje en estas condiciones, acusando que estos vehículos destruyen la carretera y generan basurales a lo largo de la ruta internacional.
El encuentro contó con una amplia convocatoria, incluyendo la presencia de Carabineros, la Empresa Portuaria Arica (EPA), Senapred, Aduanas, Conaf, los ministerios de Medioambiente y Transportes, y el Consulado de Bolivia en Arica. Además, asistieron los consejeros regionales Daniel Linares, María José Victoriano, Cristian Villanueva, Nino Estay, Link Kiu Ly y Lorena Ventura.
Próximos pasos
Al cierre de la jornada se establecieron compromisos concretos para adelantarse y prevenir futuros accidentes. Se acordó la realización de una próxima reunión de trabajo oficial que contará con un acta, donde cada uno de los servicios públicos e instituciones participantes deberá presentar compromisos específicos y requerimientos técnicos orientados a mitigar de forma definitiva las externalidades que hoy afectan a la ruta y a sus comunidades aledañas.
