Diversas deficiencias insalvables en las Bases Administrativas detectadas por la comisión evaluadora llevaron al Gobierno Regional de Arica y Parinacota a anular la licitación de la obra "Conservación de Vías Urbanas 2024, etapa sector norte".

Este proceso de licitación fue iniciado con la aprobación de las bases el 25 de septiembre de 2024. No obstante, la comisión evaluadora, conformada el 12 de febrero de 2025, detectó inconsistencias que comprometían la claridad y aplicabilidad de los criterios de evaluación de las ofertas recibidas, lo que quedó reflejado en el acta emanada en dicha entidad.

Entre las falencias de los oferentes, se identificó una falta de definición precisa del "capital acreditado", un criterio fundamental para determinar la solvencia de las empresas que postulan. Asimismo, los anexos técnicos relativos a la "Planificación General de la Obra" carecían de metodología de evaluación, lo que podía generar incertidumbre en la ejecución del proyecto.

El Gobernador Regional de Arica y Parinacota, en uso de sus facultades y en atención a lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley N°19.880, determinó la revocación del proceso licitatorio. Según explicó la autoridad, la decisión se fundamenta en la falta de certeza para los oferentes respecto de las condiciones de evaluación, lo que atenta contra un concurso justo y transparente. Además, enfatizó que la medida no afecta derechos adquiridos de los participantes, ya que la licitación no fue adjudicada.

"No podemos permitir un proceso que no entregue garantías suficientes. Es importante recordar que estos trabajos se financiarán con fondos públicos, aportados por todos los habitantes de la región. Por eso, nuestra misión es resguardarlos y tomar decisiones responsables, aunque a veces sean difíciles de entender. Este proceso se inició el 2024 y una vez que asumimos, la comisión evaluadora nos expuso sus observaciones y recomendó declararlo nulo. Nuestra obligación es velar por la transparencia y la correcta gestión de los fondos regionales", declaró el Gobernador.

Con esta decisión, se apertura un nuevo llamado a licitación que garantice procesos claros, participativos y ajustados a la normativa vigente, asegurando que las obras de infraestructura cumplan con los estándares exigidos por la ciudadanía y el correcto uso de los recursos públicos.