El intendente Roberto Erpel valoró la nueva normativa promulgada por el Presidente Sebastián Piñera, inserta en la Agenda de Seguridad y Paz Social.

En los últimos cinco años (2016-2020), la Región de Arica y Parinacota registró, en materia de infracción a la ley de armas, 1.397 casos policiales, 329 denuncias y 1.068 detenciones, revela la base estadística del Centro de Estudios y Análisis del Delito (CEAD) de la Subsecretaría de Prevención del Delito.

Estos números reflejan el trabajo de Carabineros y la PDI en la persecución de los delitos de abandono de armas, hallazgo de armas o explosivos, porte de armas y tenencia ilegal de armas o explosivos, entre otros.

Las cifras cobran relevancia en el marco de la ley que promulgó el domingo pasado el Presidente de la República, Sebastián Piñera, que modifica la ley de control de armas, elevando de falta a delito, con penas de presidio, el uso, venta y fabricación de fuegos artificiales.

El intendente Roberto Erpel valoró la modificación a la ley de armas “que nos permite avanzar en las materias de seguridad pública que hemos trazado desde el gobierno del Presidente Sebastián Piñera” y señaló que “la normativa tendrá un impacto directo en la persecución penal de quienes busquen malamente utilizar en Arica los fuegos artificiales y las armas de fuego como instrumentos del crimen”.

Juan Manuel Carrasco, seremi (s) de Gobierno, destacó la nueva normativa como parte de la Agenda de Seguridad y Paz Social del Ejecutivo, que permite "entregar más tranquilidad a las familias del país y la región” y llamó al Congreso “a seguir avanzando en las iniciativas que se han dispuesto para contribuir al bienestar de la ciudadanía", como el proyecto de ley que otorga facultades a las FF.AA. para la protección de la infraestructura crítica y la Ley Antibarricadas.

MODIFICACIÓN LEGAL

La ley permitirá sancionar más severamente, con cárcel y multas, a quien dispare armas de fuego, cohetes, petardos u otros proyectiles.

Además, sanciona con mayor gravedad los delitos cuando, perturben la tranquilidad pública o infundan temor en la población. Las penas de presidio por estas conductas delictivas serán de hasta 10 años de cárcel.

La medida cobra especial relevancia por el uso ilegal que se la ha dado a los fuegos artificiales para intimidar a la población por parte de bandas criminales.

Esta ley se suma a una serie de otras iniciativas impulsadas por el Gobierno para combatir la delincuencia y resguardar el orden público, como los proyectos de ley de control de armas, de combate al narcotráfico y contra el crimen organizado.