El intendente (s) Raúl Gil señaló que la vasta extensión de los límites con Perú y Bolivia, la complejidad de los terrenos y del clima en estas zonas extremas, son también elementos determinantes para comprender la importancia de esta iniciativa.

Un 20% de las causas investigadas en Chile por el delito de trata de personas, entre los años 2011 y 2019, tuvo lugar en Arica y Parinacota, revela un “Informe estadístico sobre Trata de Personas en Chile”, elaborado por la Mesa Intersectorial sobre Trata de Personas y publicado por la Subsecretaría del Interior en su sitio web.

El estudio ubicó a la región en un segundo lugar después de la Metropolitana, con seis de las 30 investigaciones por este delito (cinco de explotación sexual y una laboral).

Además, reveló que once de las 267 víctimas de trata a nivel nacional, fueron detectadas en Arica.

Las estadísticas cobran relevancia luego que esta semana el Presidente de la República, Sebastián Piñera, firmara un decreto que permite a las Fuerzas Armadas apoyar el control del tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas por pasos no habilitados en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta.

La medida del Mandatario fue valorada por el intendente (s) Raúl Gil González, quien señaló que éste “es un esfuerzo muy concreto del Estado de Chile para hacer frente a formas delictuales que afectan los derechos fundamentales de las personas, abusando y despojando a las víctimas de su libertad y dignidad”.

El jefe regional destacó el trabajo realizado por la Fiscalía, PDI y Carabineros en la región para combatir esta modalidad de crimen organizado y afirmó que la inteligencia, la experiencia y la logística de las Fuerzas Armadas, sin duda ofrecerán una poderosa herramienta a las investigaciones policiales especializadas.

“La vasta extensión de los límites con Perú y Bolivia, la complejidad de los terrenos y del clima en estas zonas extremas, son también elementos determinantes para comprender la importancia de esta iniciativa”, puntualizó.

TRAFICO DE MIGRANTES

Por otro lado, en su última cuenta pública, la fiscal regional Javiera López señaló que las causas por tráfico de migrantes, que habían experimentado un descenso en la región desde el año 2016, comenzaron a incrementarse a partir del 2018, alcanzando los 45 casos con 277 víctimas (63 niños, niñas y adolescentes) durante el 2020, en plena pandemia de covid-19.

HISTORIA DEL DECRETO

El 13 de agosto de 2019 se publicó el Decreto N°265, cuyo objetivo es disponer la colaboración de las Fuerzas Armadas con las autoridades civiles y policiales en las áreas  de logística, transporte y tecnología en relación a las actividades que se vinculen al narcotráfico y crimen organizado transnacional.

El decreto tenía una vigencia de un año desde su publicación, pero fue prorrogado por otro año más, hasta el 13 de agosto de 2021 (en virtud del decreto N° 217 del 7 de julio de 2020).

Los positivos resultados de la evaluación de ese trabajo de colaboración, unido al aumento del tráfico ilícito de migrantes motivaron la firma de un decreto modificatorio que permite ampliar el objeto de la colaboración, ya no sólo al control del narcotráfico y el crimen organizado, sino también al ingreso ilegal al país por pasos no habilitados.

De esta manera, previo decreto del Ministro de Defensa, las Fuerzas Armadas podrán prestar apoyo logístico, de transporte y tecnológico en zonas fronterizas del territorio nacional, para controlar el ingreso ilegal al país.

La colaboración se refiere al despliegue de unidades aéreas, terrestres y/o marítimas para prestar apoyo logístico, de transporte y tecnológico, en zonas fronterizas del territorio nacional.