Las integrantes de la Mesa de Trabajo de Polimetales expresaron su desaprobación al recurso de protección presentado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en contra de la Gobernación Provincial y Carabineros ante la Corte de Apelaciones de Arica que impidió erradicar a familias asentadas en  la Villa  El Solar.

La dirigente de Los Industriales II, Verónica Lizama, señaló que están completamente de acuerdo con la decisión  de erradicar, porque forma parte de los compromisos de la Mesa de Trabajo de Polimetales hace muchos años, y la razón por la cual están luchando para que toda la gente sea erradicada y sacada de ese sector que está altamente contaminado. “Nosotras estamos velando  por todas las personas que viven allí”.

Añadió que,  aun cuando la ley de polimetales “no es lo mejor”,  también habla de erradicación y  mitigación.  “Entonces, si hay personas que en forma ilegal se tomaron las casas, que ya habían sido erradicadas, pensamos que es una forma irresponsable de haber actuado, como padres de familia, porque llevaron a ese sector  a sus familias, a sus niños, a sus adultos mayores a sufrir para exponerse a la contaminación, y con eso no podemos estar de acuerdo”, enfatizó  la dirigente. 

Asimismo, refutó  la actuación del Instituto Nacional de Derechos Humanos, afirmando que hace más de 20 años vienen sufriendo la contaminación y la exposición y que cuentan con una ley. “¿En qué nos ha ayudado a nosotros el INDH?  ¿No lo merecemos acaso? Estamos hablando de más de 15 mil personas, de generaciones que estamos allí y que aún seguimos allí y por eso que estamos dando la lucha”.

Ante este escenario,  Verónica Lizama se manifestó en desacuerdo  con que personas que no tienen un techo sigan allí, en desmedro de las familias que están organizadas en comités de viviendas, agregando que todos tienen derecho a un techo, pero hay que trabajar por ello, porque hay mucha gente que está organizada en un comité desde hace años, esperando por una solución habitacional, y no es justo  que ahora  venga gente que - en forma ilegal- pase por delante de todos esos procesos.

Similares conceptos tuvo la dirigente Gladys Osorio, quien señaló que los dirigentes del polígono polimetales están muy en desacuerdo con lo que está sucediendo, por lo tanto, quieren que de una vez por todas, el Gobierno erradique a las personas que están siendo contaminadas.

Agregó que la problemática de Cerro Chuño se ha politizado mucho y hay quienes se están aprovechando para hacer  su campaña, lo cual les molesta. “Tenemos que seguir trabajando en la Mesa Polimetales y seguir exigiendo porque este no es un problema de  gobierno, es  un problema de Estado”, concluyó.

Al término de la reunión  que contó  con la participación de los dirigentes de las juntas de vecinos de los sectores afectados por polimetales, el seremi de Medio Ambiente,  Renato Briceño, no quiso referirse a  la suspensión del desalojo indicando que éste está  radicado en la Corte de Apelaciones de Arica.